La reforma judicial en España y la reacción de la Comisión Europea
España, uno de los tantos países en adherirse al proceso de integración europea finalizada su experiencia autoritaria, hoy en día es calificada como una de las democracias ejemplares en el mundo, sin embargo, el recrudecimiento del debate político de los últimos años ha creado un contexto de polarización que ha llevado la batalla de la política a un plano institucional, amenazando dicho logro.
Desde el año 2018 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ejercido sus funciones bajo una modalidad ad interim en consecuencia del bloqueo parlamentario entre las fuerzas políticas del legislativo que no han logrado llegar a un acuerdo para la nominación de un nuevo Consejo. Una anomalía constitucional que amenaza con desacreditar todo el sistema español, surgiendo diversas críticas a la independencia y el balance de los poderes públicos del Estado.
El gobierno español presidido por Pedro Sánchez presentó un plan para superar el impase, visto la imposibilidad de encontrar un acuerdo con el Partido Popular (principal partido de la oposición) que consistía en alterar el sistema a través del cual se escogerían los 12 magistrados correspondientes al parlamento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que es el órgano de gobierno del poder judicial español, con la propuesta de que estos no fueran designados con una mayoría calificada de tres quintos de la cámara de los diputados y del senado respectivamente como lo establece la ley, sino con una mayoría absoluta en cada una de las cámaras. Propuesta que ha suscitado una fuerte crítica de parte de jueces y juristas que ven un incremento desmedido del control del gobierno en el sistema judicial del país.
Las divergencias internas
Ante esta reforma las fuerzas políticas de oposición, principalmente el Partido Popular, alzaron su voz calificando la medida como un claro ataque a la separación de poderes. La transición de un sistema bipartidista donde el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dominaban el escenario político hacia un sistema multipartidista ha complicado los equilibrios para la repartición de jueces que se venía realizando hasta la aparición de nuevos partidos en la última década con un cierto peso a nivel electoral. Es precisamente la fragmentación del sistema de partidos lo que ha llevado a este choque entre las fuerzas políticas, pues para la renovación del CGPJ el PSOE (partido de gobierno junto a Unidas Podemos) ha incluido a su socio de coalición Unidas Podemos, lo cual ha llevado al no rotundo de parte del Partido Popular a dicha renovación, siendo el suyo un apoyo absolutamente necesario.
El llamado de atención de la Comisión Europea
En virtud de la posibilidad de aprobación de la reforma para la renovación del CGPJ, la Comisión Europea se ha pronunciado al respecto, principalmente por las protestas hechas no solo de los partidos de oposición si no también de algunas asociaciones de jueces españoles. El portavoz de la Comisión para asuntos de Justicia, Christian Wigand, publicó un comunicado en el cual explicaba que: “La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca la evolución a este respecto. En el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 en España mencionaba la situación del Consejo Judicial en España como un desafío. Es importante asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. De manera más general, cuando los Estados miembros reforman el Poder Judicial, esto siempre debe hacerse en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”
La marcha atrás del gobierno de España
La reforma para la elección de los miembros del CGPJ al final fue retirada por parte del gobierno de España, bajo las fuertes presiones ejercidas por Bruselas. La decisión se produce después de una reunión el pasado mes de abril entre el ministro de justicia Juan Carlos Campo y la comisaria de la Unión Europea de valores y trasparencia Věra Jourová. El impacto de esta reunión radica en las palabras de la comisaria quien recalcó la preocupación por parte de la comisión europea de que tal medida pudiera suscitar una percepción de vulnerabilidad y politización del poder judicial.
